VIDEO: Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte revela que las camionetas Jeep costaron 2.4 millones de pesos cada una
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió la adquisición de camionetas blindadas para ministros, al argumentar que la compra respondió a razones de seguridad y a fallas mecánicas en el parque vehicular anterior. Aun así, confirmó que se mantiene la decisión de prescindir de esas unidades tras la polémica pública.
En su primera conferencia al frente del Máximo Tribunal, Aguilar Ortiz admitió que fueron los propios ministros quienes solicitaron la compra, con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos por vehículo. Sin embargo, ante las críticas por una posible contradicción con la política de austeridad, se acordó poner las camionetas a disposición del Órgano de Administración Judicial para que sean vendidas o reasignadas a juzgadores que sí requieran esquemas especiales de protección.
“El principio de austeridad no es un acto simbólico, sino una política de administración responsable, que debe ejercerse con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional ni el cumplimiento de las funciones constitucionales”, afirmó el ministro presidente.
Por qué se compraron: desgaste, fallas y blindaje vencido
Aguilar Ortiz recordó que desde agosto de 2010 la Suprema Corte determinó que los integrantes del Pleno contaran con medidas de seguridad acordes a su responsabilidad, incluyendo vehículos blindados. Para agosto de 2025, la Corte tenía 43 unidades, aunque la nueva integración recibió 39, debido a que cuatro camionetas fueron adquiridas por ministros salientes conforme a reglamentos internos vigentes.
Detalló que el parque vehicular heredado incluía 30 Suburban y nueve Jeep, modelos 2019, 2020 y 2021. Al inicio de la actual administración, los ministros decidieron no usar las Suburban por considerarlas ostentosas y priorizar el uso de las Jeep. Pero la salida de las unidades más recientes redujo la capacidad operativa, y los vehículos restantes presentaron desgaste severo por el peso del blindaje, además de fallas en tracción y motor.
Según el ministro presidente, desde septiembre de 2025 comenzaron incidentes como unidades que no encendían o quedaban varadas. Tras una evaluación físico-mecánica, se concluyó que varios vehículos estaban en mal estado y que el blindaje había perdido vigencia, por lo que se determinó renovar parte del parque vehicular y vender 21 unidades.
Austeridad, operación y transporte público
Aguilar Ortiz insistió en que la decisión de compra estuvo plenamente justificada y no fue arbitraria. Aseguró que, pese a que las camionetas recientemente adquiridas no se utilizarán, la Suprema Corte no enfrentará problemas operativos y continuará trabajando con normalidad. Incluso señaló que, a título personal, no tendría inconveniente en usar transporte público.
Dudas sobre contratos y proveedor
Durante la conferencia, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, fue cuestionado por los contratos de compraventa tanto de las camionetas destinadas a ministros como de más de 500 unidades para el resto del Poder Judicial de la Federación. No obstante, indicó no contar con información detallada sobre las razones específicas de dichos contratos ni sobre el proveedor.
La polémica adicional: camionetas y obras de arte
También surgió una controversia luego de que el ministro Arístides Guerrero García afirmara que integrantes de la integración anterior se habrían llevado cuatro camionetas y obras de arte de sus ponencias. Aguilar Ortiz negó irregularidades y aclaró que las cuatro camionetas fueron adquiridas legalmente por ministros salientes como parte de su haber de retiro, conforme a la normatividad interna, por lo que descartó delitos o motivos para presentar denuncias.
Con estas precisiones, el ministro presidente buscó cerrar la discusión y reiteró que la administración actual de la SCJN actúa con apego a la legalidad, responsabilidad financiera y cuidado en el uso de recursos públicos.
